DIÁLOGOS DEL BICENTENARIO
En un evento organizado por la Universidad Científica del Sur, se abordó un tema de profunda relevancia y trascendencia en la actualidad: "Meritocracia en el Poder Judicial como Herramienta para Combatir la Corrupción". En un mundo en constante evolución, donde la confianza en las instituciones y la integridad del sistema judicial son fundamentales para el funcionamiento de cualquier sociedad democrática, la discusión sobre cómo garantizar la transparencia y la imparcialidad en el poder judicial se convierte en un tema apremiante.
En este contexto, la meritocracia emerge como un principio clave. En esencia, se refiere a la selección y promoción de individuos en función de su mérito, competencia y capacidades demostradas, en lugar de factores externos como conexiones políticas o nepotismo. En este evento, se explorará cómo la implementación de la meritocracia en el sistema judicial puede contribuir de manera significativa a la lucha contra la corrupción, promoviendo la idoneidad, la independencia y la justicia en el ejercicio de la ley.
A lo largo de este análisis, examinaremos cómo la meritocracia puede fortalecer la integridad y la eficacia del Poder Judicial, reducir la influencia indebida, y garantizar que quienes ocupen posiciones de poder lo hagan en virtud de su capacidad y compromiso con la justicia. Exploraremos ejemplos exitosos de países que han implementado políticas meritocráticas en sus sistemas judiciales y cómo estos enfoques pueden servir como modelo para un futuro más transparente y justo.
Este evento representa un paso crucial en la búsqueda de soluciones innovadoras para enfrentar los desafíos de la corrupción en el ámbito judicial. A través de un diálogo constructivo y una reflexión profunda, esperamos contribuir al fortalecimiento de nuestras instituciones y al avance hacia una sociedad más justa y equitativa.
"La justicia debe ser gratuita para todos"
Fuente:
Domingo, V. (2023). La justicia ¿es o debe ser igual para todos? Criminología y Justicia. https://crimyjust.com/la-justicia-es-o-debe-ser-igual-para-todos/
Congreso de la República del Perú. (1993). Constitución Política del Perú. Recuperado de https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1993/Texto_actualizado_CONS_1993.pdf.
Si bien la corrupción es un tema muy controversial, son muy pocas las veces que nos ponemos a pensar en ello y en sus consecuencias en el desarrollo.
Podemos apreciar como poco a poco el estado nos esta dejando de lado cuando nosotros les damos la confianza de hacer un cambio, pero por el contrario a dar, nos van quitando la opotunidad de tener educación y una salud de calidad, lo cual es primordial .
Debido al constante mal uso del poder politico burocrático por parte de grupos de funcionarios coludidos con sus intereses privados para obtener ventajas económicas o políticas contrastan con las metas del desarrollo social mediante la malversación o el desvío de recursos públicos, abusando de ellos y por ello "despojando a la sociedad de servicios de mayor calidad", lo cual nos afecta de manera significativa, retrasando el progreso del país y por ello a las necesidades del pueblo en general.
Aquí podemos apreciar un video en el que nos puede explicar de manera breve las causas de ello y como se estan tomando medidas para acabar con esta gran problematica.
La ODS 3 tiene como objetivo garantizar el acceso universal a los servicios de atención de salud esencial de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas asenciales seguros, eficaces, de calidad y asequibles para todos. Al impedir que el dinero llegue a los hospitales para imprementarse de los utensilios necesarios, estamos impidiendo que este objetivos se realice para el bien de los ciudadanos.
Este es solo una pequeña vista de lo todo lo que abarca la corruoción y en consecuencia nos impide tener los servicios que merecemos por derecho. Debemos tomar conciencia para, de cierta manera ayudar acabar con esto. y tengamos un servivcio adecuadado que contribuya al bienestar de la sociedad.
“HECHA LA LEY, HECHA LA TRAMPA”
El refrán muy popular que expresa que las leyes se crean con segundas intenciones. Se aplica cuando aparece una regulación o normal e inmediatamente aparece un plan tramposo para poder quebrar y evadir esa ley sin ser castigados. Esto puede deberse a diversas razones, como intereses personales, beneficios económicos o simplemente una actitud desafiante hacia la autoridad, esto implica que incluso con las existencias de regulaciones establecidas, siempre habrá quienes encuentren maneras de aprovecharse de ellas.
Algunas personas pueden tener una actitud desafiante hacia la autoridad y ven el cumplimiento de las normas como una restricción a su libertad. Estas personas pueden buscar formas de evadir las leyes simplemente por el deseo de desafiar la autoridad o sentirse por encima de las reglas establecidas.
Hecha la ley hecha la trampa” – Gaceta Constitucional. (s/f). Com.pe. Recuperado el 20 de septiembre de 2023, de https://gacetaconstitucional.com.pe/index.php/2018/10/05/hecha-la-ley-hecha-la-trampa/
"PROS Y CONTRA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MERITOCRACIA"
La meritocracia es sistema social, político o económico en el cual las recompensas, oportunidades y posiciones se asignan en función del mérito individual, es decir, de acuerdo con los logros, habilidades, esfuerzos y desempeño de una persona en lugar de atributos como la raza, género, religión o posición socioeconómica de origen. En una meritocracia, se supone que las personas que trabajan duro se esfuerzan y tienen éxito en sus esfuerzos son recompensadas y avanzan en la sociedad, mientras que aquellos que no lo hacen no reciben las mismas recompensas o reconocimiento.
En un sistema meritocrático, las personas tienen un fuerte incentivo para esforzarse y alcanzar la excelencia en sus esfuerzos, ya que saben que serán recompensadas por sus logros. La competencia puede conducir a la innovación y la mejora continua en diversos campos, ya que las personas y las organizaciones buscan sobresalir y superar a sus competidores.
La meritocracia asume que todas las personas comienzan con las mismas oportunidades, lo cual no es cierto en la realidad. Las desigualdades socioeconómicas, raciales y de género pueden limitar el acceso al mérito en primer lugar, lo que puede perpetuar la desigualdad. La búsqueda constante de méritos puede llevar a altos niveles de estrés y ansiedad, ya que las personas se sienten presionadas para rendir constantemente al más alto nivel y temen las consecuencias de no hacerlo.
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Es importante tener en cuenta estos pros y contras al considerar la implementación y las limitaciones de un sistema meritocrático en una sociedad. Es importante destacar que la implementación de la meritocracia en la práctica puede ser compleja y enfrentar desafíos. Las desigualdades iniciales en términos de recursos, educación y oportunidades pueden dificultar la igualdad de oportunidades, y factores como el sesgo inconsciente o la discriminación pueden influir en las evaluaciones de mérito. Además, la meritocracia no garantiza la igualdad de resultados y puede llevar a desigualdades en la distribución de recompensas basadas en el mérito individual.
"TENEMOS UN PROBLEMA CULTURAL"
La cuestión cultural en el sistema de justicia del Perú es un tema complejo que ha afectado profundamente la percepción y el funcionamiento del sistema judicial en el país. Este problema se manifiesta en varios aspectos: desde la corrupción y la impunidad hasta la desconfianza en las instituciones judiciales.
Uno de los principales problemas culturales de la justicia peruana es la corrupción, que ha permeado a lo largo de los años. La corrupción se ha vuelto endémica en el poder judicial y, lamentablemente, son comunes los casos de jueces y funcionarios judiciales involucrados en sobornos y comisiones ilícitas. Esto socava la confianza en la justicia y socava la confianza pública en la imparcialidad del sistema.
Otro aspecto cultural problemático es la impunidad. En muchos casos, los autores de delitos graves escapan a la justicia debido a la falta de recursos, la lentitud de los juicios y la influencia de conexiones políticas o económicas. Esto crea un sentimiento de injusticia entre la población y genera desconfianza en el sistema legal.
La desigualdad también es un problema cultural en la justicia peruana. Las personas con bajos ingresos a menudo enfrentan mayores barreras para obtener una representación legal adecuada, lo que perpetúa la discriminación y la desigualdad en el sistema.
Además, la idea de que la justicia es selectiva y parcial es también una cuestión cultural arraigada en la sociedad peruana. La percepción de que ciertos grupos o individuos tienen privilegios especiales según la ley mientras que otros reciben un trato desigual contribuye a la desconfianza en el sistema.
Para abordar estas cuestiones culturales en la justicia peruana, es importante promover la transparencia, la rendición de cuentas y la educación pública sobre el funcionamiento del sistema legal. También se necesitan reformas significativas en el sistema judicial para mejorar la eficiencia, la equidad y la independencia del poder judicial. Esto ayudará a restaurar la confianza pública en el sistema de justicia y contribuirá a fortalecer la cultura del estado de derecho en el país.
"EL SISTEMA DE JUSTICIA ESTÁ MAL
DISEÑADA"
Aquella frase es muy clara y directa, mostrando una realidad que podemos comprobar viendo alguna noticia o hecho que nos hace cuestionar el sistema de justicia existente en nuestro país. El reto de la justicia pronta y cumplida está cada vez más lejos de lograrse. De esta situación los jueces son los principales responsables y con ellos la sociedad en su conjunto y dentro de ella el Poder Político en todas sus secuencias, los abogados y la propia ciudadanía. La administración de justicia es todo un sistema integral y articulado en que sus componentes no se explican en sí mismos, ni el desarrollo de su actividad depende sólo del propio esfuerzo, sino en función e integrados a los demás. Por el contrario, la impartición y administración de justicia tradicional presenta varias falencias, es ineficiente e incluso ha restringido diversos derechos y principios procesales, lo que no ha permitido generar la seguridad jurídica y confianza esperada de la población.
Acceso de los jueces al sistema El sistema de nombramientos judiciales está deteriorado y el consenso general, incluso el de quienes tienen a su cargo efectuar el nombramiento, es que los jueces que ingresan a la magistratura o son promovidos a jerarquías superiores, carecen de la preparación técnica suficiente. Luis Pásara en su libro «Jueces, justicia y poder en el Perú" (pág. 206) sostiene con extremada dureza: «El juez peruano es hoy un hombre de origen social bajo, que espera mejorar a través de la carrera judicial, con una formación profesional endeble que no será robustecida en el ejercicio mismo de la función debido a las estrecheces que asedian el Poder Judicial», concepto al que podemos agregar, que carece de conciencia respecto de su propia identidad, de que somos en nosotros mismos un poder, el de administrar justicia, que por cierto no es poca cosa.
Así mismo, la corrupción, muy acendrada en todo el sistema institucional peruano, tiene una cuota de importancia en la administración de justicia, comprendiendo no sólo a jueces, sino también al personal administrativo como al propio gremio de abogados. La corrupción puede ser de dos clases: la económica (fundamentalmente delincuencial) y la política (presión e influencias políticas). Ante la producción de estos fenómenos, debemos admitir la precariedad de los mecanismos probatorios y de persecución, toda vez que contamos con una oficina de Control Interno burocratizada, de deficiente estructura, provocando consecuentemente el cuestionamiento de la actividad disciplinaria del Poder Judicial. Cabe señalar en este punto que la corrupción no es en nuestro concepto una causa en sí misma, sino por el contrario una consecuencia de las deficiencias precedentemente anotadas.
"LA MERITOCRACIA Y LA ÉTICA EN CONTRA DE LA CORRUPCIÓN"
Aunque la corrupción ha sido un fenómeno histórico que ha existido en diferentes sociedades y épocas, hay países donde este problema se ha convertido en una preocupación persistente que va más allá de circunstancias particulares. En el caso de Perú, en las últimas décadas no ha sido una excepción a esta tendencia. Como es de conocimiento público, todos los expresidentes recientes del país han sido objeto de investigaciones por acusaciones de corrupción que también involucraron a altos funcionarios gubernamentales.
De acuerdo con Aristóteles, aquellos que ocupen cargos en la administración pública deben cumplir con tres condiciones fundamentales: tener un compromiso con el régimen establecido, poseer una mayor competencia en las responsabilidades de su cargo, y demostrar virtud y justicia. Sin embargo, al analizar cómo se aplican estas condiciones en el contexto del ejercicio de la administración pública en el Estado Peruano, surgen cuestionamientos.
En primer lugar, se espera que tanto los políticos como los funcionarios públicos sientan un amor genuino por el régimen de gobierno del país, es decir, por la democracia. Amar la democracia implica, entre otras cosas, la promoción de valores democráticos como la igualdad, la libertad, la justicia y la solidaridad. Es evidente que cualquier forma de corrupción va en contra de estos valores. No se puede hablar de igualdad cuando se asume que el ejercicio de un cargo público confiere ciertos privilegios para satisfacer intereses personales. Además, la verdadera libertad solo se logra cuando existe un equilibrio de poderes y cuando las acciones de los funcionarios pueden ser sometidas a escrutinio y supervisión.
En segundo lugar, se espera que el funcionario público tenga las competencias necesarias para desempeñar su cargo. Estas competencias van más allá de la formación ética y se relacionan con el conocimiento de los procedimientos, herramientas y procesos de la administración pública.
La tercera condición, según la concepción aristotélica, se refiere a la práctica de la virtud y la justicia. Cultivar la virtud implica abrazar un conjunto de valores que no solo se aplican en la vida personal, sino que también se extienden a la vida pública, con un enfoque en la búsqueda del bien colectivo, es decir, la justicia.
En resumen, se podría argumentar que la mayoría de los funcionarios públicos en el Estado peruano, con algunas excepciones, no cumplen con las condiciones que Aristóteles consideraba esenciales para desempeñarse en la administración de asuntos públicos. La falta de compromiso con el régimen, las competencias limitadas y la ausencia de virtudes son factores que afectan negativamente el desempeño óptimo de la función pública, lo que se traduce en ineficiencia, falta de eficacia, poca competitividad y corrupción. Desde una perspectiva axiológica, la corrupción implica reemplazar un conjunto de valores compartidos (colectivos) por intereses personales (individuales). Sin embargo, es importante señalar que a lo largo de la historia de Perú no se ha consolidado un Estado-Nación que garantice la promoción y defensa de valores colectivos en busca del bien común, basados en principios como el respeto, el compromiso, la solidaridad y la igualdad.
Referencia: Quito, C. (2022). Ética y corrupción en la función pública. Redes sociales y ciudadanía: Ciberculturas para el aprendizaje. https://www.grupocomunicar.com/pdf/redes-sociales-y-ciudadania-2022/Alfamed-actas-058.pdf
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